Una presentación formal ante el ICAA puso al descubierto la construcción de dos megaobras no autorizadas sobre el cauce natural del río. El paredón de tierra estancó el agua durante meses, ahogó decenas de animales, generó graves pérdidas de peso en el ganado y encendió la alarma por el devastador impacto ambiental que también afecta al municipio de Malvinas.
Una grave denuncia administrativa ingresó en las últimas horas al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). La firma ganadera CARRANDI S.A., propietaria del establecimiento "La Isabel" (ubicado en Paraje Malvinas, Cuarta Sección del Departamento de Esquina), accionó formalmente contra el titular del campo vecino "El Curupí", Martín Winkler, a quien acusan de haber construido dos enormes terraplenes clandestinos sobre el cauce del Río Sarandí sin ningún tipo de autorización ambiental ni hídrica.
Las imágenes aéreas captadas sobre el terreno muestran con claridad la magnitud de la obra: un interminable muro de tierra que frena el escurrimiento natural de las aguas y convierte la zona en un gigantesco embalse artificial.
Desastre productivo y ambiental
Según la presentación patrocinada por los abogados Marcos Chiappe e Ignacio Barry, la obstrucción del río provocó anegamientos extraordinarios que se mantuvieron estancados por semanas y meses en lugar de drenar normalmente.
Esta alteración artificial del comportamiento hídrico provocó un impacto severo:
Pérdida de hacienda: Se confirmó la muerte y desaparición de 35 novillos ahogados por la creciente.
Estrés hídrico y merma de kilos: Unas 2.000 cabezas de ganado sufrieron falta de pasturas y desnutrición, perdiendo en promedio 45 kilos por animal (una pérdida productiva total estimada en 90.000 kilos de carne).
Campos inoperativos y evacuación: El establecimiento "La Isabel" quedó inoperativo durante seis meses. Además, se debieron evacuar de urgencia unas 250 cabezas hacia otros predios para salvarlas de las aguas.
La sombra sobre el municipio de Malvinas
Aunque el escrito administrativo se centra en el daño entre particulares dentro de la Cuarta Sección y el impacto en la producción ganadera, las miradas apuntan también al fuerte impacto ambiental aguas arriba, dentro de la jurisdicción del municipio de Malvinas.
Como se ha venido advirtiendo en este medio —incluso en recientes declaraciones del propio intendente interventor de Malvinas—, las severas inundaciones que viene sufriendo la zona y el anegamiento prolongado del malesal por donde cruza el Río Sarandí encuentran una explicación directa en este tipo de polders y taponamientos artificiales. Al cerrarse la vía de drenaje natural por obras privadas sin habilitación, el agua "rebalsa" e impacta de lleno en todo el territorio municipal.
Exigen la inmediata demolición
En el escrito presentado ante el organismo provincial, la parte denunciante exige que el ICAA ejerza de manera urgente su poder de policía:
Inspección in situ inmediata para constatar la infracción al Código de Aguas (Decreto Ley Nº 191/01).
Medida cautelar de demolición: La destrucción y remoción inmediata de los terraplenes a costa del infractor para restituir el libre cauce del Río Sarandí.
Máximas sanciones económico-administrativas para el responsable de la obra clandestina.
La polémica ya está instalada y las pruebas aéreas son contundentes. Ahora, la pelota está en el campo de las autoridades ambientales de la provincia, que deberán responder si avanzarán con la demolición de los terraplenes para devolverle el curso natural al río y frenar el desastre hídrico en la zona rural.
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